18 de mayo de 2011

Fuente: NISGUA

Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ)

Guatemala – La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) por este medio se solidariza con los familiares de las víctimas asesinadas cruelmente el domingo en el Departamento de Petén.  Hechos sangrientos como los sucedidos en dicho departamento demandan que las instituciones del Sector Justicia lleven a cabo una investigación profunda, rápida, objetiva e imparcial que identifique a los responsables, se les someta a un juicio justo y se identifique y castigue a los responsables.  Los hechos violentos del domingo nos deben llevar a las siguientes reflexiones:

1. El contexto socio político del departamento de Petén es bastante conocido ya que en diferentes informes se ha analizado a fondo, informes que proporcionan vasta documentación acerca de la situación en dicho Departamento.  Cabe recordar el Informe Final de la Oficina Regional de la MINUGUA en el Departamento de Petén de 2004 en la que hace consideraciones importantes en lo relativo a la corrupción en las instituciones del Estado, la presencia del crimen organizado y narcotráfico en la región, la debilidad de las instituciones del Estado, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por agentes de la PNC o de otros cuerpos de seguridad del Estado y la impunidad en la que permanecen dichos crímenes; al releer dicho informe podemos notar que el Estado de Guatemala no ha hecho absolutamente nada por cumplir con las recomendaciones que la MINUGUA hiciera al Estado de Guatemala desde el año 2004.

2. Los hechos violentos y deplorables del domingo 15 de mayo deben verse no solo en dicho contexto, sino también en relación a otros hechos recientes sucedidos en el departamento, tales como la remilitarización iniciada por el Presidente Álvaro Colom el año pasado, la prórroga del contrato petrolero 2-85 que faculta a la entidad PERENCO a seguir operando durante 15 años más en la zona protegida de Laguna del Tigre, la presencia del crimen organizado y narcotráfico en dicha región que actúan con total libertad, sin que las autoridades hagan nada por detenerlos. 

3. Dichos hechos también se deben evaluar en el contexto de la política de desalojos forzosos implementada por el Presidente Colóm, en contra de las diferentes comunidades que viven en la zona de Laguna el Tigre y la Sierra del Lacandón;  también deben tomarse en cuenta los mega proyectos que el Organismo Ejecutivo viene implementando y ha aprobado para la zona del departamento de Petén, lo cual permitirá el desarrollo de empresas privadas nacionales y transnacionales, a costa de las comunidades que se oponen a dichos proyectos y a quienes se les irrespeta el derecho a la consulta.

4. La CIJ considera que “esperar el momento oportuno” para intervenir (según afirmación del propio Presidente Colóm en el diario La Hora de hoy), constituye un indicio de que los hechos gravísimos y de extrema crueldad que sucedieron el domingo pasado pudieron ser evitados.  En lugar de implementar medidas preventivas, las autoridades del actual gobierno “dejaron hacer y dejaron pasar” y su falta de intervención permitió que se cometieran hechos tan deplorables, a pesar de la alta presencia del Ejército de Guatemala en la región y de contar con varios destacamentos militares en el Subín, el Naranjo, el Ceibo y en Laguna del Tigre (destacamento El Xan, Guayacán Tigre, presencia militar en San Luis Frontera y otros).

5. Ante tales hechos, el Gobierno de la República ahora aprovecha la situación para establecer un Estado de Sitio, medida excepcional que como ya quedó demostrado en el Departamento de Alta Verapaz, no logra resultados considerables ni acciones exitosas concretas para desarticular a las estructuras ilegales del crimen organizado y narcotráfico.  Los hechos sucedidos en el Departamento de Alta Verapaz y el Estado de Sitio impuesto en dicho departamento, nos indican que el Estado de Sitio en el Petén es una medida para provocar más miedo en la población y que permitirá la detención de algunos cuadros medios de dichas bandas criminales, pero no alcanzará a los cabecillas y verdaderos dirigentes de dichas bandas delincuenciales, quienes siguen libres y actuando con total impunidad.

6. Por otro lado, la CIJ vuelve a señalar que el Estado de Guatemala está imponiendo un Estado de Sitio con fundamento en una Ley de Orden Público fuera de contexto, irrespetuosa de los derechos humanos e inconstitucional y que según los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996, el Congreso de la República  debió de haber aprobado desde hace tiempo una nueva Ley de Orden Público, cuyas normas deberían estar en concordancia con las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

7. El establecimiento de un Estado de Sitio en un período de elecciones generales contradice el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que obliga a que el proceso electoral se realice en un ambiente de libertad “y plena vigencia de los derechos constitucionales.”  El Estado de Sitio por naturaleza constituye una limitación a determinados derechos constitucionales.  Es difícil imaginar que tal y como quedó aprobado el Estado de Sitio, el proceso electoral pueda llevarse a cabo con la “plena vigencia de los derechos constitucionales”.    

8. Llama la atención la presencia de ex Kaibiles en el grupo de sicarios, narcotráfico y crimen organizado denominado Los Zetas.  Al respecto, la CIJ se une al llamado que hicieran otras organizaciones en el sentido de que el Ejército de Guatemala por medio del Ministro de la Defensa Nacional deberá informar y rendir declaración ante los tribunales de justicia  correspondientes, acerca de los nombres de los ex Kaibiles que fueron dados de baja en el Ejército y que podrían haberse incorporado al grupo de los llamados Zetas.  Dicha información es importante y útil para la investigación.

9. Además, es importante señalar que los hechos violentos acaecidos en el Departamento de Petén no están sucediendo en Guatemala por primera vez.  Hechos similares fueron provocados por el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno y recuerdan la Masacre de las Dos Erres, la Masacre de Plan de Sánchez y la Masacre de Río Negro, así como el genocidio implementado por las Fuerzas Armadas.  Todos estos crímenes gravísimos siguen en total impunidad.     

10. La Comisión Internacional de Juristas pide enérgicamente al Procurador de los Derechos Humanos que nombre un equipo de abogados (as) para que se constituyan en el Departamento de Petén y sean garantes de los derechos humanos de las comunidades, población civil y personas que viven en dicho departamento, para así cumplir con lo establecido en la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y regula el funcionamiento del Procurador de los Derechos Humanos que obliga a que el PDH vigile el respeto de los derechos humanos durante los estados de excepción.             El PDH a título personal debería darle seguimiento a la situación de derechos humanos en el Departamento de Petén y tomar las medidas necesarias para proteger a las comunidades que están asentadas en los Municipios de La Libertad y San Andrés de Petén y zonas como Laguna el Tigre, la Sierra del Lacandón y otras.    

11. En este sentido, la CIJ pide al Estado de Guatemala que se abstenga de implementar más desalojos en el departamento de Petén, sobre todo durante la vigencia del Estado de Sitio, desalojos que el Organismo Ejecutivo viene ejecutando desde septiembre de 2010 en forma violenta.  La CIJ ha constatado en una visita al Departamento de Petén en noviembre de 2010 que las comunidades desalojadas violentamente por el Organismo Ejecutivo están viviendo en condiciones deplorables, sin alimentos, sin vivienda y desprovistos de toda protección.