Ciudad de Guatemala del 5 al 7 de mayo, 2010
Durante tres días de intenso trabajo, representantes de organizaciones y personas comprometidas con la dignidad, la justicia y la equidad en salud necesarias para la defensa y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, deliberaron acerca de diversos aspectos relacionados con estos temas. Estuvieron presentes en este Congreso cerca de quinientas personas de veinte países, que aportaron a los debates desde perspectivas diferentes: ética, bioética, política, académica, médica, y jurídica.
A continuación se dan a conocer algunos puntos de vista acerca de temas cruciales para la dignidad, la justicia y la equidad en salud y para la vigencia de los derechos humanos de la población latinoamericana.
· Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que se encuentran reconocidos en los distintos instrumentos internacionales como el derecho a la vida , a la libertad, a la segu ridad, a la salud , a la información, a la igualdad, a la educación, a la intimidad, a vivir una vida libre de violencia, a disfrutar del progreso científico, entre otros.
· América Latina es la región del mundo con mayores desigualdades e inequidades. Se insta a los Estados de esta región a reafirmar su compromiso y a cumplir con sus obligaciones relacionadas con el respeto, garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas sin discriminación en razón de su condición económica, del sexo, género, edad, etnia, orientación sexual, entre otras, con miras a eliminar las brechas de desigualdad.
· Se exhorta a los Estados a la urgente necesidad de eliminar todas las barreras que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por medio del impulso de cambios en los marcos legales e institucionales, la adopción de políticas publicas que garanticen el acceso a los servicios de salud reproductiva integrales, incluyendo servicios de aborto legal y seguro, la asignación presupuestal adecuada y medidas encaminadas a modificar patrones socioculturales dirigidos a eliminar prejuicios y estereotipos discriminatorios.
· En un contexto de creciente influencia política por parte de sectores ultraconservadores y fundamentalistas que se oponen al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, es imprescindible garantizar la separación entre las Iglesias y el Estado, establecer límites claros entre la religión y la política y entre la religión y la ciencia. Exhortamos a la defensa del Estado laico para garantizar así la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y las libertades de creencias y culto. De aquí mismo se desprende la libertad para decidir sobre todo aquello que concierne a nuestro cuerpo y en torno a todas las esferas de la vida privada, un principio de libertad sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.
· Se insta a los Estados a que adopten mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, que cuenten con la participación activa de la sociedad civil con miras a fortalecer las condiciones para la instrumentación de los derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.
· Paralelamente a los esfuerzos estatales, varios actores están llamados a contribuir con las transformaciones necesarias para avanzar en el respeto de los derechos sexuales reproductivos. Papel fundamental tienen los medios de comunicación por su capacidad para formar las conciencias, transformar imaginarios colectivos y formar e impulsar la convivencia armoniosa y equitativa entre mujeres y hombres. De la misma manera, es de vital importancia la contribución de las diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos cuya función de información y empoderamiento, en especial de las mujeres, hace exigibles los derechos sexuales y reproductivos.
· Las jóvenes y los jóvenes son quienes enfrentan mayores amenazas de diversa índole para su desarrollo personal, específicamente en lo que tiene que ver con su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Adolescentes y jóvenes tiene el mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el Sida, embarazos precoces y discriminación y violencia en razón de su edad. Se urge a los Estados y a la sociedad a que provean las condiciones para que se respete la agencia moral de la juventud y se garantice su participación activa en el diseño de políticas públicas encaminadas a garantizar la vigencia de sus derechos sexuales y reproductivos.
· El Estado de derecho está en riesgo. Actualmente están siendo perseguidas y encarceladas mujeres y prestadores de servicios de interrupción legal del embarazo.
· Reconocemos la necesidad de integrar enfoques multidisciplinarios para identificar las necesidades, prioridades y soluciones que aquejan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la urgencia de incorporar enfoques multiculturales y de género.
Se urge a que estas consideraciones sean tomadas en cuenta para exigir el cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos a través de la construcción de alianzas intersectoriales que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil y sus propuestas.
Los derechos sexuales y reproductivos, en especial los de las mujeres, no están sujetos a negociación. Las mujeres no deben seguir muriendo por razones prevenibles.
Durante tres días de intenso trabajo, representantes de organizaciones y personas comprometidas con la dignidad, la justicia y la equidad en salud necesarias para la defensa y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, deliberaron acerca de diversos aspectos relacionados con estos temas. Estuvieron presentes en este Congreso cerca de quinientas personas de veinte países, que aportaron a los debates desde perspectivas diferentes: ética, bioética, política, académica, médica, y jurídica.
A continuación se dan a conocer algunos puntos de vista acerca de temas cruciales para la dignidad, la justicia y la equidad en salud y para la vigencia de los derechos humanos de la población latinoamericana.
· Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que se encuentran reconocidos en los distintos instrumentos internacionales como el derecho a la vida , a la libertad, a la segu ridad, a la salud , a la información, a la igualdad, a la educación, a la intimidad, a vivir una vida libre de violencia, a disfrutar del progreso científico, entre otros.
· América Latina es la región del mundo con mayores desigualdades e inequidades. Se insta a los Estados de esta región a reafirmar su compromiso y a cumplir con sus obligaciones relacionadas con el respeto, garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas sin discriminación en razón de su condición económica, del sexo, género, edad, etnia, orientación sexual, entre otras, con miras a eliminar las brechas de desigualdad.
· Se exhorta a los Estados a la urgente necesidad de eliminar todas las barreras que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por medio del impulso de cambios en los marcos legales e institucionales, la adopción de políticas publicas que garanticen el acceso a los servicios de salud reproductiva integrales, incluyendo servicios de aborto legal y seguro, la asignación presupuestal adecuada y medidas encaminadas a modificar patrones socioculturales dirigidos a eliminar prejuicios y estereotipos discriminatorios.
· En un contexto de creciente influencia política por parte de sectores ultraconservadores y fundamentalistas que se oponen al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, es imprescindible garantizar la separación entre las Iglesias y el Estado, establecer límites claros entre la religión y la política y entre la religión y la ciencia. Exhortamos a la defensa del Estado laico para garantizar así la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y las libertades de creencias y culto. De aquí mismo se desprende la libertad para decidir sobre todo aquello que concierne a nuestro cuerpo y en torno a todas las esferas de la vida privada, un principio de libertad sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.
· Se insta a los Estados a que adopten mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, que cuenten con la participación activa de la sociedad civil con miras a fortalecer las condiciones para la instrumentación de los derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.
· Paralelamente a los esfuerzos estatales, varios actores están llamados a contribuir con las transformaciones necesarias para avanzar en el respeto de los derechos sexuales reproductivos. Papel fundamental tienen los medios de comunicación por su capacidad para formar las conciencias, transformar imaginarios colectivos y formar e impulsar la convivencia armoniosa y equitativa entre mujeres y hombres. De la misma manera, es de vital importancia la contribución de las diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos cuya función de información y empoderamiento, en especial de las mujeres, hace exigibles los derechos sexuales y reproductivos.
· Las jóvenes y los jóvenes son quienes enfrentan mayores amenazas de diversa índole para su desarrollo personal, específicamente en lo que tiene que ver con su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Adolescentes y jóvenes tiene el mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el Sida, embarazos precoces y discriminación y violencia en razón de su edad. Se urge a los Estados y a la sociedad a que provean las condiciones para que se respete la agencia moral de la juventud y se garantice su participación activa en el diseño de políticas públicas encaminadas a garantizar la vigencia de sus derechos sexuales y reproductivos.
· El Estado de derecho está en riesgo. Actualmente están siendo perseguidas y encarceladas mujeres y prestadores de servicios de interrupción legal del embarazo.
· Reconocemos la necesidad de integrar enfoques multidisciplinarios para identificar las necesidades, prioridades y soluciones que aquejan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la urgencia de incorporar enfoques multiculturales y de género.
Se urge a que estas consideraciones sean tomadas en cuenta para exigir el cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos a través de la construcción de alianzas intersectoriales que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil y sus propuestas.
Los derechos sexuales y reproductivos, en especial los de las mujeres, no están sujetos a negociación. Las mujeres no deben seguir muriendo por razones prevenibles.



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