18 de abril 2010

Fuente: PrensaLibre



POR CRISTINA BONILLO
Guatemala

Una de las consecuencias más penosas desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información, hace un año, ha sido la denuncia de casos de amenazas de muerte a personas que han solicitado información sobre contratos, gastos y sueldos, sobre todo en las municipalidades.

La prueba de que la cultura de la opacidad pervive es que el aniversario de esta normativa dejó 12 meses de intentos de ocultar información, en especial aquella que es clave para revelar el manejo de los fondos públicos.

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