Ciudad de Guatemala, Guatemala — El 25 de marzo de 2008, la policía encontró once cadáveres en la entrada de un balneario en Zacapa, Guatemala (a pocos kilómetros de Honduras). Algunos estaban calcinados por la explosión de granadas, además de tener al menos tres descargas de fusil AK-47 o revólver. Entre las víctimas estaba Juan José “Juancho” León (un supuesto conocido narcotraficante de la zona) y tres ex policías que murieron defendiéndolo en la refriega. Ellos eran parte de los 20 guardaespaldas que solían proteger a Juancho, pero que poco pudieron hacer ese día contra sus atacantes: los Zetas, el grupo de sicarios del Cartel del Golfo de México (que cuenta entre sus filas a ex soldados guatemaltecos).



La habilidad camaleónica de algunos policías para cambiar de bando, y el grado de corrupción en las fuerzas de seguridad, explican en parte por qué en Guatemala los narcos se rifan la vida y la libertad: tienen la protección que necesitan, de un sector policial y militar (aunque no a nivel institucional). Tanto es así, que veinte años de capturas con fines de extradición, o expulsión, desde Guatemala y el resto de Centroamérica a Estados Unidos, no los han persuadido a cambiar de ocupación.

Después de la captura y extradición del guatemalteco Arnoldo Vargas, en 1992, desde Guatemala hasta Nueva York, sólo hubo un reacomodo de fuerzas. En 2003, cuando en un avión de la Administración Anti-Drogas federal (DEA) se trasladó al guatemalteco Byron Berganza desde El Salvador hasta Nueva York, nadie escarmentó.

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