31 de agosto 2011

Fuente: ProJusticia

Dentro de pocas semanas, los guatemaltecos acudiremos a votar para elegir nuevas autoridades. Las organizaciones que conforman el Movimiento Pro Justicia y la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), consideran que es el momento propicio para solicitar a los candidatos a diversos cargos de elección popular, que asuman el compromiso de impulsar políticas de Estado tendientes a fortalecer la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia; y a fomentar la integridad y la transparencia como principios rectores de la administración pública.

La expectativa es que el nuevo gobierno dé prioridad a acciones urgentes como:

-Una política nacional de seguridad y una política criminal del Estado que orienten las estrategias y la planificación de las instituciones de justicia y seguridad, sobre todo en lo que se refiere a ejecutar acciones efectivas en el combate de la violencia y la criminalidad, respetando en todo momento el Estado de Derecho.

-Garantizar asignaciones presupuestarias adecuadas para financiar programas urgentes, entre ellos la prevención; así como establecer y fortalecer controles internos para imponer calidad en el gasto, mecanismos de rendición de cuentas, procedimientos públicos y transparentes, entre otras medidas que eliminen las prácticas propias de la corrupción y el tráfico de influencias.

-Establecer relaciones de corresponsabilidad, cooperación y colaboración entre los poderes del Estado y otras instituciones de justicia, seguridad e inteligencia, con el fin de que las estrategias sean integrales y tengan posibilidades reales de éxito en el combate de la criminalidad y la impunidad.

Es necesario que los candidatos asuman el compromiso de retomar obligaciones ya casi olvidadas, entre ellas la implementación plena de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus instancias, el proceso de reconversión y modernización del Ejército y el desarrollo del sistema de inteligencia. También es preciso dar seguimiento y reforzar el proceso de reforma de la Policía Nacional Civil, que debe trascender en el tiempo y convertirse en una política obligatoria del Estado, a efecto de que sea viable edificar una nueva institución profesional y capaz.

A lo largo de décadas, los candidatos no se han interesado en tratar el fondo de los problemas, y eso ha conducido al país a una situación dominada por la corrupción, la impunidad y la inseguridad. No debemos aceptar más promesas falsas. Tenemos derecho a exigir que los programas de trabajo de los candidatos sean serios, apegados a la realidad del país y susceptibles de ser puestos en práctica.